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Ley mordaza: un periodista denuncia haber sido multado injustamente y sin previo aviso

El periodista Juan Carlos Mohr denuncia que le han multado con 120 euros por la ley mordaza sin ser notificado previamente y sin saber por qué.

El periodista Juan Carlos Mohr ha denunciado a través de sus redes una inesperada multa de 120 euros con motivo de lo que podría ser la aplicación de la ley mordaza. Sin notificación previa, el fotógrafo cree que esta multa no es tanto una sanción sino más bien una "persecución" para los compañeros que cubren manifestaciones y cargas policiales.

Según cuenta, su entidad bancaria le comunicó que el cobro de 120 euros fue ordenado por una delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en concepto de "deudas administrativas o fiscales en vía de apremio". "Le aconsejamos que se dirija al organismo que ha ordenado el embargo para tratar el asunto", recomienda un comunicado del banco en el que también le comentan que podría presentar un recurso "para obtener la oportuna suspensión del acto administrativo".

Tal y como le contaron a Mohr en Hacienda, la multa fue por la aplicación del artículo 37.4 de la ley mordaza por "faltas de respeto a las autoridades de las fuerzas y cuerpos de seguridad", aunque no tiene "ni puta idea por qué" le han multado ni por qué no ha "recibido la notificación".

"Llamé a Hacienda y me comentaron que se debía a la aplicación de la ley mordaza, aunque me especificaron que tenían que habérmelo notificado dos veces (...) Sin embargo, no recibí aviso y me enteré por el banco por casualidad", cuenta el cámara, quien dice haber sido remitido a la Delegación del Gobierno para poder recibir más información al respecto.

Sin ninguna información más, sigue sin recordar cuál es el motivo real de la de la penalización: "La policía sólo me ha identificado cuando he cubierto protestas, manifestaciones y desahucios. Ahora bien, siempre he llevado conmigo un carné de prensa o una acreditación de periodista. Nunca he asistido a una movilización como manifestante, sino con mi cámara".

A través de su cuenta personal de Twitter muestra un momento en el que varios antidisturbios disuelven una manifestación a golpe de porra, ironizando con la posibilidad de que ese sea el delito que ha cometido, grabarlos durante esa actividad.

Esto sólo tiene un nombre: acoso. No sólo por esta multa, sino por la persecución continua que hemos sufrido tanto yo como otros compañeros. Estos es un granito de arena en un desierto, porque la policía también me ha dado algún palo. El problema es que ahora ya no sólo te pegan con porras, sino también con multas, lo que genera que la población se achante y a veces evite protestar en las calles contra las políticas antisociales

Mohr ya fue multado antes de la ley mordaza y amenazado por las autoridades

El periodista ya fue demandado por un agente de las Unidades de Intervención Policial, antes conocidos como antidisturbios, por fotografiar el juicio de 2013 contra los afectados que se encerraron en el denominado 'banco malo' en protesta a los desahucios. "Un mando me demandó, fui juzgado y, obviamente, luego absuelto, puesto que sólo estaba cubriendo el suceso", cuenta Juan Carlos Mohr.

Además, confiesa que en alguna ocasión se ha recibido advertencias con nombres y apellidos mientras cubría este tipo de sucesos: "Sí, me han llamado por mi nombre. '¡Juan Carlos Mohr, ten cuidado!', me ha insinuado algún policía durante las cargas".

La rentabilidad de la ley mordaza

Numerosos activistas, abogados, políticos y medios de comunicación han criticado la popularmente llamada ley mordaza por suponer una limitación de derechos y libertades como la libertad de manifestación y de expresión. Pero parece que la represión es traducida en beneficios, pues según el Gobierno vasco, desde 2016 hasta octubre de 2018, el montante recaudado fue de 1.193.426 euros.

Amnistía Internacional también está centrada en proteger los derechos que esta ley reprime, pues se han contabilizado unas 80 multas diarias desde que se aplicara en julio de 2015 hasta diciembre de 2017. La mayoría de ellas se concentran en dos causas diferentes: desobediencia o resistencia a la autoridad; y falta de respeto o consideración a las fuerzas de seguridad del Estado.

Las multas ascenderían a unos 25 millones de euros, sin contar con Cataluña, Navarra y Euskadi, según datos aportados por la ONG. El Ministerio de Interior, por su parte, cifra en 24,6 millones la cantidad recaudada sólo por faltas de respeto a la autoridad desde que comenzó la aplicación de la ley hasta finales de 2017.

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