ERC mantiene su intención de negociar los Presupuestos Generales del Estado con el Gobierno central a pesar de los desencuentros iniciales que ha mantenido con la mesa de diálogo o el aeropuerto de El Prat. Los republicanos buscan erigirse como los socios preferentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez y así lo quieren evidenciar en la ley audiovisual, un punto importante para los grupos nacionalistas e independentistas.
El actual gobierno de la Generalitat de Cataluña reclama que la norma establezca un porcentaje mínimo del 7,5% de contenidos en catalán, gallego y vasco en las plataformas de 'streaming' como Netflix, HBO, Amazon Prime o Disney+. Una petición que, con el paso del tiempo, ha alcanzado el rango de condición para poder negociar las próximas cuentas del Gobierno.
Las diferencias entre el Gobierno y la Generalitat se extienden desde hace un año, cuando el Ejecutivo de Aragonès señalaba que se estaban invadiendo competencias autonómicas y que se estaba siendo poco sensible a la realidad "plurinacional". No había cuotas para la producción lingüística en catalán, vasco o gallego, pero sí española y europea.
Además, el borrador especificaba que, del 30% de contenidos obligatorios de producción europea, la mitad debían hacerse en castellano o en algunas de sus lenguas cooficiales. La Generalitat recelaba y ha reclamado que se fije al menos la mitad para las lenguas minoritarias, un 7,5% entre todas.
El Govern ya había mostrado al Ejecutivo la importancia que, a su juicio, tiene esta norma y reclamó que introdujera cambios antes de que llegara al Consejo de Ministros para evitar que fuera ignorada por el Gobierno, en alusión a la cuestión del catalán en los medios.
La batalla se había mantenido soterrada hasta esta semana. Pero en cuanto la redacción de la ley salió a la luz, todo saltó por los aires y ERC jugó su mayor baza: el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. "Que nadie dé por hecho el voto de ERC [...] el voto de ERC se suda y se negocia", afirmó Gabriel Rufián sobre esta cuestión.
El avance de las negociaciones
Con todo, las relaciones entre PSOE y ERC son positivas. Entre los republicanos sonaron bien las palabras de la vicepresidenta Nadia Calviño y mejor aún la noticia que se supo después, que el Gobierno paralizaba la ley audiovisual con el objetivo de negociar con ERC.
Las riendas de la negociación ahora se encuentran en manos del propio Govern de la Generalitat, con el equipo de Aragonès y Laura Vilagrà a la cabeza de las negociaciones por parte de Esquerra Republicana de Catalunya.
Con todos estos movimientos, a ERC también le surgen discrepancias con su socio de Gobierno, Junto. El partido conservador apuesta por una ley autonómica, tal y como ha planteado su portavoz en el Parlament Mònica Sales.
ERC rebate que dicha norma sería recurrida al Constitucional y no tendría recorrido, por lo que apuestan por pactar con el Estado una ley que sí pueda tener un futuro y que sea efectiva en cuanto sea aprobada a cambio de un apoyo a los Presupuestos. Además, consideran que se puede ampliar el espacio del catalán en el cine, puesto que el poder de negociación de un Estado es mucho mayor con las productoras que la capacidad de presión de una comunidad autónoma. La nueva norma obligaría también a financiar producciones directamente en lenguas cooficiales.
