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El dueño de la finca donde murió Julen, declarado insolvente, no tendrá que seguir pagando a los padres

Un juzgado le ha declarado insolvente tras haber sido condenado en enero de 2020 a indemnizar a los padres.

El dueño de la finca donde murió Julen, declarado insolvente, no tendrá que seguir pagando a los padres El dueño de la finca donde murió Julen, declarado insolvente, no tendrá que seguir pagando a los padres

Foto: GTres

David Serrano, dueño de la finca donde estaba el poczo en el que murió el pequeño Julen, ha sido declarado en insolvencia por el Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga. Tras la muerte del menor en 2019 y con la posterior resolución judicial en 2020, se ha constatado que Serrano no posee la capacidad económica suficiente como para pagar la responsabilidad civil a los padres del niño.

Por el momento se ha procedido a archivar de manera provisional la sentencia por la cual David Serrano debía indemnizar a los padres. Europa Press ha confirmado que la declaración de insolvencia se realizó tras haberse acreditado que Serrano carecía de bienes económicos e inmuebles para poder afrontar el pago.

El condenado realizaba un pago mensual a los padres

Aunque la finca sigue siendo de su propiedad, las fuentes judiciales han informado de que donde se produjo el accidente es una zona que no está registrada y, por tanto, "no se puede vender con las garantías legales exigibles". El mismo día que se declaró la insolvencia del dueño de la finca se emitió "una diligencia de ordenación acordando el archivo provisional de la ejecutoria de la sentencia contra el condenado".

Serrano fue condenado en enero de 2020 a un año de cárcel y a indemnizar a cada uno de los padres con 89.500 euros, con una cuota mensual de 50 euros. Finalmente, la sentencia de prisión fue suspendida por dos años pero, a cambio, estaba obligado a realizar un pago de la responsabilidad civil, de la cual, inicialmente, tuvo que abonar 25.000 euros.

En el mes de marzo de este año, el juzgado malagueño acordó la "remisión o extinción de la pena de un año de prisión impuesta". Sin embargo, consideraron que el pago por responsabilidad civil debía continuar, aún tras haber realizado reclamaciones en varias ocasiones por parte de la familia de Julen, la cual aseguraba que últimamente no se estaban realizando los pagos.

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