La Policía Nacional y Vigilancia Aduanera han desmantelado a finales de este mes de mayo una organización criminal que se dedicaba a la explotación sexual de mujeres inmigrantes en situación irregular en diferentes establecimientos situados en la Región de Murcia. Los hechos han ocurrido tan solo unas semanas antes de las "cacerías" contra personas migrantes en Torre Pacheco por parte de grupos ultras, a raíz de la agresión a un vecino por un hombre que ni siquiera procede de este municipio.
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El operativo se realizó por orden del Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena y contó con la labor conjunta de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera. Contó además con cinco registros, uno en la vivienda de dos de los investigados y el resto en locales abiertos al público.
Gracias a la coordinación y labor conjunta de las autoridades, se ha logrado liberar a 32 mujeres víctimas de explotación sexual, así como localizar a otras cinco personas que estaban siendo explotadas en varios clubes de alterne de la Región de Murcia.
Amenazas con armas de fuego
Las víctimas de esta organización criminal llegaron a ser intimidadas con armas de fuego por los integrantes de esta organización criminal. Además, eran sometidas a duras condiciones de restricción de libertad, siendo obligadas a estar disponibles durante los siete días de la semana y sometidas a vigilancia durante las 24 horas del día.
Además, los dirigentes de esta organización criminal obligaban a las mujeres a inducir a sus clientes a la compra de drogas y alcohol, debiendo además asumir todos los gastos relacionados con la limpieza, luz o las sábanas del establecimiento donde eran sometidas a explotación. Los delincuentes les imponían multas económicas si no cumplían las normas establecidas.
La Policía Nacional ha detenido en este caso a 14 personas, a las que se imputa la comisión de varios delitos: organización criminal, delitos relativos a la prostitución, agresión sexual, contra los derechos de los trabajadores, favorecimiento de la inmigración ilegal, tenencia ilícita de armas, contra la salud pública y blanqueo de capitales.
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena, que ha dirigido todo el operativo orientado a desmantelar esta trama, ha acordado el ingreso en prisión provisional de cuatro de los cinco investigados. Posteriormente, solo dos han mantenido esta medida cautelar, mientras que los otros tres han permanecido en libertad con prohibición de salida del territorio nacional, retirada del pasaporte y obligación de comparecencia en el juzgado.
