Fueron 223 las personas las que murieron intentando llegar a territorio español en 2017. Una cifra escalofriante. Pero lo más preocupante es que en el 2018 la cifra se ha multiplicado por tres. Casi 800 personas perdieron la vida intentando llegar a tierra, un 344% más, hasta el pasado 19 de diciembre.
Según la Organización Internacional para las Migraciones, la ruta del Mediterráneo Occidental es empleada por personas de nacionalidad marroquí y argelina, donde los derechos humanos brillan por su ausencia. No hay suficientes elementos en materia de protección, y más allá de la gran cantidad de muertes que se producen, existen un alto número de desapariciones, explotación, abusos o trata de seres humanos, entre otras muchas cosas que, sin lugar a dudas, atenta sobre los DDHH.
La llegada de inmigración, además de en España, según datos de la OIM, ha aumentado notablemente en Grecia y Chipre, donde han pasada de 28.800 a 31.310 en el país heleno y de 501 a 1.035 en el país chipriota. En Italia el número de inmigrantes ha descendido debido a sus nuevas políticas, y la OIM ha calculado que el 49,93% de las llegadas irregulares se ha producido en España, Chipre, Italia, Grecia y Malta. También se calcula que son 160 personas las que al día buscan una vida mejor arriegándose a morir en el Mediterraneo.
De 28 a 2.200 refugiados en Cataluña
El esfuerzo en cuanto a inmigración en Cataluña ha sido diferencial. De acoger a tan solo el 1% de los refugiados totales que entran en el Estado español, se ha producido un aumento de hasta el 22%, pasando de tener 28 refugiados a acabar el año 2018 acogiendo a un total de 2.200. El Govern ha apoyado el programa de acogida de refugiados y se ha creado un programa para estudiantes refugiados provenientes del Líbano. Además se planean mejoras sustanciales, implicando a municipios con un proyecto donde participarán 20 pueblos pequeños y capitales de comarca. Además se ha trabajado en la accesibilidad de personas refugiadas en servicios públicos.
A mediados del año 2017 el Govern creó una ley con el objetivo de que esas personas que han logrado terminar el programa de refugio puedan lograr la inserción laboral. Pero tan solo 60 de las 120 solicitadas han podido aprobarse debido a que muchas de ellas no estaban correctamente presentadas o que simplemente no se cumplían los requisitos. Además, la sanidad catalana pública se pusó a disposición de atender a un grupo de 300 personas que se encontraban en Grecia y que tenían necesidades médicas. A pesar de esto tan solo una veintena consiguió llegar a Cataluña por la negativa griega.
