El 11 de septiembre es la gran jornada de demostración de fuerza por parte del soberanismo: en pleno desafío institucional, los colectivos que apoyan la independencia de Cataluña intentarán demostrar que el apoyo en las calles en torno al referéndum es rotundo.
Uno de los colectivos con mayor fuerza en este evento será la conocida como Asamblea Nacional Catalana (ANC), uno de los impulsores del procés desde que sus inicios.
En medio de los preparativos, el presidente de la organización, Jordi Sánchez ha asegurado que el único recurso que queda para que el Gobierno paralice la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional es "el uso de la fuerza", un hecho que, a su juicio, "legimitimaría el hecho de proclamar el nuevo país", de manera inmediata y sin pasar por las urnas.
Así se ha pronunciado en una entrevista con el diario El Nacional, en la que también ha desgranado sus opiniones sobre el proceso, como que ha sido "poco edificante" por la, a su juicio poca disposición "de la oposición" para aceptar el debate en el Parlament.
Sánchez ha criticado la postura del Tribunal Constitucional, que ha paralizado un referéndum que, según ha asegurado, sigue hacia adelante: "el referéndum ya no depende del Govern: depende de la gente. Ahora nos toca a nosotros introducir los votos en las urnas".
Respecto al desafío que plantea el Parlament, que se ha negado a acatar la voluntad de las instituciones españolas, Sánchez se reafirma y asegura que el Gobierno "ha perdido la autoridad sobre las autoridades catalanas. La ley del Referéndum habilita al Parlament para convertirse en un sujeto político soberano".
Además, el actual presidente de la Asamblea Nacional Catalana considera que el Gobierno no tiene "ninguna legitimidad" para aplicar el artículo 155 que suspendería la autonomía de Cataluña por "desobediencia", por lo que todo queda, insiste, en el "uso de la fuerza" para desbaratar las instituciones catalanas.
La ANC ya salió a la palestra por pedir que cada catalán pagará 10 euros de la multa impuesta al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, por permitir y favorecer la anterior consulta independentista del 9 de noviembre.
