A pesar de las promesas del Gobierno de Mariano Rajoy, la organización ultracatólica Hazte Oír continúa siendo considerada de 'utilidad pública', un estatus que le permite ahorrarse un dinero importante a la hora de pagar impuestos y gozar de todo tipo de tratos de favor.
La ley actual (1/2002), afirma que para que una organización alcance el mencionado privilegio, tiene que cumplir el siguiente requisito: "Que en sus fines estatutarios se incluya la promoción del interés general (educativo, promoción de los valores constitucionales, de derechos humanos, protección a al infancia etc)". Queda abierto el debate en torno a si esta organización lo cumple.
Ante la oleada de críticas que despertó la campaña del autobús naranja, con el que recorrieron todos los colegios de España para fomentar el odio, la discriminación y el acoso escolar en contra de todos los menores trans, el Gobierno anuncó el pasado 8 de marzo en el Congreso de los Diputados que, independientemente de las acciones judiciales y fiscales abiertas, se investigaría "si se han incumplido algunos de los principios que se exigen como fundamentales para la concesión y, en ese caso, se procederá a la revocación".
Las palabras llegaron por parte del Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Sin embargo, cinco meses después, continúan siendo un simple 'brindis al sol': el Gobierno no ha movido ficha. Y todo, después de que el antecesor de Zoido en el cargo, Jorge Fernández Díaz (conocido por sus vínculos con el Opus Dei al que se afilió tras una noche de juega en Las Vegas), le otorgase ese estátus especial.
Gracias a todo ello, la asociación no paga el IBI de sus inmuebles, no tributa aquellas actividades realizadas con carácter de servicio social y paga menos impuestos que el resto por los beneficios económicos que obtiene de sus actividades. Sus donantes, por otro lado, se benefician de múltiples deducciones fiscales por su apoyo a esta asociación.
Con ello, alcanzan finalmente un presupuesto anual de 2,5 millones de euros, del que sacan constantemente pecho de no recibir subvenciones a pesar de que Esperanza Aguirre se las concedió a través de la Agencia de Cooperación cuando estaba al frente de la Comunidad de Madrid, tal y como recuerda El Diario.
Una campaña por tierra y aire
La cantidad de donaciones, exenciones fiscales y apoyo gubernamental explícito, han terminado con que la organización extremista, que en realidad abarca a un sector muy marginal de la sociedad, cuente con un fuerte músculo financiero.
Gracias a ello, la organización tiene previsto ahora lanzar una segunda campaña transfóbica que estará dirigida por "tierra y aire", ahora que la Justicia le permite circular sin ningún tipo de problema.
La intención del grupúsculo de extrema derecha es lanzar otro autobús vinilado por todos los colegios de España, coincidiendo con el comienzo de las clases en septiembre, con el que continuar fomentando el bullying contra aquellos alumnos que no cumplen sus criterios.
Para llamar aún más la atención, la asociación tiene previsto contratar un avión con el que recorrer las principales playas españolas y con la que preparar a todos los menores que disfrutan de sus vacaciones de cara al calvario que tendrán que soportar en las escuelas. Todo ello, con el amparo del Gobierno.
