El Gobierno de Rajoy aseguró durante años que los rescates no costarían ningún euro al contribuyente. La realidad es que el rescate bancario del año 2012 sigue pasando factura a los españoles, con una deuda de 35.000 millones de euros que el Estado tendrá que asumir.
Así sucederá una vez que el denominado 'banco malo', la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) pase a ser computada como deuda pública. Así lo establece Eurostat, que obliga a reclasificar esta estructura de rescate, creada para llevarse todos los activos tóxicos, principalmente inmuebles que los bancos no pudieron vender en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria.
A partir de ahora, los 35.000 millones de euros de la deuda de la Sareb pasarán a ser considerados como deuda pública y se sumarán al resto de la deuda del Tesoro público con fecha de 2020. El impacto también se extenderá al déficit del Estado en un porcentaje por especificar, pero que será equivalente al patrimonio negativo que tenga la Sareb al cierre de 2020.
El 'banco malo' superaba un patrimonio negativo de 7.000 millones de euros en 2019, a los que habría que sumar pérdidas que se contabilicen en el año pasado. Eso permite avanzar el impacto en déficit, que superará esa cantidad, como calcula el Gobierno, aunque el importe definitivo se conocerá tras la aprobación de las cuentas del banco prevista para la próxima semana.
Además, se verá alterada la ratio deuda/PIB del año 2020. La deuda pública ascendió al 117,1% del PIB en 2020 y se sumaría al impacto de 35.000 millones de Sareb, que escalará al 120%, por encima de la previsión inicial del 118,8% del Gobierno.
Sanear los bancos y cajas de ahorros
La Sareb nació en el año 2012 con el objetivo de sanear las cajas de ahorros y bancos que entonces estaban en riesgo de quiebra en España. La entidad se configuró con un 55% de capital privado y el resto quedó en manos del Estado para evitar que computara como deuda pública.
El Gobierno de Rajoy calculó una rentabilidad del 15%, pero el paso del tiempo ha demostrado el error, ya que al cierre de 2019 su patrimonio negativo ya superaba los 7.000 millones de euros. La reclasificación de la Sareb es una decisión "gradual" que se venía negociando con Eurostat desde 2018 a raíz de los cambios normativos que rigen la contabilidad de este tipo de sociedades a nivel europeo.
La acumulación de pérdidas en este período, además, ha consumido todo el capital inicial y ha resultado definitiva, ya que una de las condiciones iniciales en la sociedad era que no registrase pérdidas significativas. Además, hay otros factores significativos, como que se infraestimaron las dificultades que entrañaba el instrumento, el incremento de los precios de transferencia y otras decisiones que, ahora, se ven como errores, como por ejemplo la contratación de un seguro derivado.
Ahora se espera reformular algunas cuestiones sobre la propia Sareb, incluyendo su propia duración. Inicialmente se planteó una fecha de caducidad hasta el año 2027, pero este cambio podría retrasar su liquidación en el tiempo.
