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La RAE salva a MrGranBomba: llamar a alguien 'caranchoa' no es delito, según la justicia

El repartidor que propinó una bofetada a un youtuber le gastó una broma podría llevar el caso hasta el Constitucional.

La Audiencia de Alicante dice que llamar a alguien 'caranchoa' no es delito. De esta manera el juzgado provincial ha archivado la denuncia por injurias graves que presentó el repartidor que propinó una bofetada al youtuber Sergio Soler cuando este pretendía gastarle una broma. 

Con esta palabra pretendía ofender el exyoutuber MrGranbomba al trabajador que se encontró por la calle durante la grabación de uno de los vídeos que realizaba para su canal, el cual ya ha cerrado tras borrar todo el contenido que compartía en la plataforma. En el auto la Audiencia argumenta que la palabra en cuestión "no tiene la gravedad suficiente para ser constituitiva de infracción penal porque es un término inexistente en el diccionario de la Real Academia de la Lengua".

De esta manera rechazan que haya un juicio penal y el repartidor deberá acudir a la vía civil si quiere reclamar alguna indemnización a Sergio Soler por la posible vulneración del derecho al honor y a la imagen. 

La Justicia disculpó la bofetada

Antes de que el trabajador se querellase contra el youtuber, este fue condenado a pagarle 30 euros por un delito leve de lesiones por haberle golpeado en la cara. En la sentencia que le condenó a esta multa, la Justicia disculpaba su reacción al considerar que tuvo lugar como "mecanismo de defensa racional" ante una situación de "evidente estrés" que le llevó a pensar que era víctima de un robo. Dicha sentencia también  aseguraba que el youtuber le provocó con su actitud. 

Después de abonar la multa, el repartidor a través de su abogado Carlos Frígola, pidió la responsabilidad civil subsidiaria de la indemnización de 500.000 euros que exigía a Google por ser la empresa propietaria de YouTube. Y es que según la querella el vídeo hizo que el repartidor se convirtiese en una personaje público sin querer serlo. Por otro lado, el letrado no descarta acudir incluso al Tribunal Constitucional para que los hechos "no queden impunes penalmente". 

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