El nombre de Pablo Enrique Rodríguez vuelve a sonar con fuerza en el Ayuntamiento de Madrid, pero no precisamente por méritos profesionales. El actual director general de la Policía Municipal, que llegó al cargo en 2019 como un perfil de trayectoria intachable dentro del cuerpo, afronta ahora una creciente presión política tras el atropello de una niña por parte de un coche policial en el que él viajaba como acompañante.
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El incidente, ocurrido en el Paseo de Extremadura en plena noche de apagón eléctrico, ha terminado por encender la mecha de una serie de críticas que venían acumulándose desde hace tiempo.
El suceso, que se mantuvo fuera del foco mediático durante tres días, se produjo cuando el vehículo circulaba por un carril reservado para autobuses y taxis, sin distintivos visibles, y en una zona donde los semáforos no funcionaban. La menor cruzaba junto a su madre fuera del paso de peatones cuando fue alcanzada. La versión oficial habla de lesiones leves, aunque medios como El País señalan fracturas en el tobillo y posibles daños en la rodilla.
Críticas por la gestión del accidente
Lo que ha desatado la indignación de la oposición municipal no es solo el accidente, sino la forma en la que se habría gestionado. Más Madrid y el PSOE cuestionan la transparencia del procedimiento y exigen responsabilidades políticas, no solo a Rodríguez, sino también a la vicealcaldesa y responsable del Área de Seguridad, Inma Sanz.
A día de hoy, la Policía Municipal ha confirmado la apertura de una investigación interna, pero voces sindicales denuncian que no consta el atestado ni la prueba de alcoholemia del conductor, como exige el protocolo. "Si algo ocultas, algo temes", declaraba un portavoz de la APMU.
El alcalde José Luis Martínez-Almeida defendió la actuación del cuerpo y acusó a la izquierda de alimentar "teorías infundadas". Sin embargo, no descartó tomar medidas si se confirma que alguna directriz no se cumplió.
Procesos judiciales abiertos
A esta crisis se suman dos causas judiciales en las que Rodríguez figura como investigado. La más reciente tiene que ver con un presunto amaño en oposiciones a comisario e inspector. El caso, reabierto por la Audiencia Provincial tras dos archivos previos, investiga posibles relaciones inapropiadas entre candidatos y miembros del tribunal evaluador, así como el papel de una academia vinculada a un alto mando policial.
Además, continúa vigente la denuncia de Hazte Oír, que acusa al director general de haber obstaculizado la circulación de su conocido "Capobús" durante noviembre del año pasado.
La acumulación de polémicas amenaza con hacer insostenible su permanencia al frente de la Policía Municipal, un puesto que, hasta hace poco, parecía blindado por su historial dentro del cuerpo.
