El Gobierno de Donald Trump mantiene su cruzada contra las personas migrantes y, en esta ocasión, sitúa en la diana a las personas más vulnerables. Washington ha anunciado que elimina el Programa Nacional de Representantes Cualificados, que hasta ahora proporcionaba ayuda a personas con discapacidad o enfermedad mental en situación migrante.
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El programa asistía a 200 personas con patologías de salud mental, discapacidad cognitiva o lesiones cerebrales traumáticas, y su cierre solo se ha conocido tras una denuncia que han presentado varios abogados de inmigración ante el tribunal federal de distrito del Distrito de Columbia.
"La acción del Gobierno de recortar los fondos para abogados de oficio para personas incapaces de representarse a sí mismas en tribunales de inmigración no solo es despiadada y cruel, sino también discriminatoria contra las personas con discapacidad", ha denunciado en un comunicado la directora de defensa y litigio de la Red de Defensa de los Inmigrantes de las Montañas Rocosas, también demandante, Laura Lunn.
El programa se suspende tras un caso de asistencia
La decisión se ha producido precisamente el mismo día en que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), así como un tribunal, fueron avisados de la obligación de asistir con un abogado para la defensa de un hombre detenido y diagnosticado con una enfermedad mental.
El programa se ha deshabitado desde entonces en todos los Estados, con excepción de Arizona, California y Washington, donde ya se había establecido previamente un acuerdo en 2013 por la demanda colectiva del caso Franco-González contra Holder.
Desde entonces, el tribunal de distrito del Distrito Central de California concluyó que la Ley de Rehabilitación de 1973 debe asignar representante legal a aquellas personas en procedimientos judiciales de inmigración que estén detenidos, sin representación e incompetentes para representarse a sí mismos por una condición de salud mental grave.
Esta medida deja completamente desprotegidas a personas doblemente vulnerables, por incapacidad para establecer una defensa, pero también por su condición migrante. El Gobierno republicano busca con este endurecimiento ganar posiciones en su plan para acelerar e impulsar las deportaciones de personas.
Sin posibilidad de defenderse a sí mismas y desprovistas de asistencia, como un tratamiento, contacto con familiares o evaluaciones médicas, queda en duda la legitimidad real de los procedimientos y la equidad de la justicia en un país que se vanagloria de ser una de las mayores democracias del mundo.
El presidente Donald Trump mantiene que los representantes legales de personas con discapacidad o enfermedad mental grave están frenando los procesos que impulsa para deportar a millones de personas fuera de sus fronteras.
