Adiós al tradicional proceso de selección de funcionarios para acceder al empleo público. El Gobierno de España prepara un nuevo modelo en el que los aspirantes a funcionarios deberán seguir un proceso diferente para las categorías de empleos superiores.
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Este nuevo proceso de selección solo repercutirá en los grupos A1 y A2, los Cuerpos de Gestión de la Administración General del Estado, considerado la élite de la Administración. Son aquellos que tienen como requisito mínimo contar con un título universitario de grado, según establece la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Hay que tener en cuenta que cada clase de la Administración tiene un sueldo y responsabilidad diferente. En la cúspide se sitúa el A1, con el mayor salario situado en una horquilla entre 30.000 y 50.000 euros anuales. Se trata de abogados del Estado, aspirantes a diplomáticos, médicos titulares, ingenieros o inspectores de Hacienda.
El subgrupo A2 cuenta con un tope salarial de 40.000 euros e incluye diferentes puestos de funcionario, como técnicos de Hacienda, ingenieros técnicos, subinspectores laborales, entre otros tipos de responsabilidades.
Cambios en las oposiciones: el nuevo método para acceder a la Administración Pública
De este modo, la reforma solo afectará a estos dos grupos de la Administración, que deberán ahora recibir una formación de dos años para, después, superar un examen que permita acceder a la plaza de empleo.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado esta nueva propuesta, que todavía se sitúa en una fase embrionaria y aún no se han concretado los plazos en los que entraría en vigor.
El nuevo plan mantendrá las pruebas tradicionales de oposición de cada cuerpo y escala, así como incluirá un sistema de becas y ayudas al estudio para facilitar el acceso a estos puestos de trabajo a los hogares con menor renta.
La idea del Ejecutivo es que, cuando se haya superado esta fase, los aspirantes a una plaza de funcionario cursen un posgrado en los institutos y escuelas de la Administración del Estado para, finalmente, hacer un examen final.
Aquellos aspirantes que finalmente no obtengan la condición de personal funcionario de carrera pero que, sin embargo, hayan superado el proceso formativo reglamentado, tendrán derecho a obtener un título de posgrado con carácter oficial.
