Destrucción de pruebas. Esas son las sospechas que mantiene la dirección de la Universidad Rey Juan Carlos tras descubrir el borrado de 5.400 emails enviados desde la cuenta del Instituto de Derecho Público, el epicentro del Caso Máster que afecta a personalidades como Cristina Cifuentes, Carmen Montón o Pablo Casado.
Según ha denunciado el delegado del rector a la Policía Nacional, los mensajes eliminados pertenecen al período situado entre 2008 y 2014, los años en los que se produjeron los cursos investigados.
Llama la atención que estos hechos se produzcan de forma paralela a la desaparición de todo tipo de documentación de los despachos. La dirección tiene serias "sospechas" de que ambos sucesos tienen algún tipo de naturaleza delictiva.
Estos hechos aparecen registrados en el sumario de la causa, al que ha tenido acceso el diario El País. La denuncia llegó por parte de Pablo Acosta, nombrado máximo responsable del instituto afectado (que ya ha sido clausurado) tras la salida de Conde.
Tras su llegada, realizó varios intentos para acceder a la cuenta de correo electrónico. Allí pudo certificar el borrado masivo de emails. No pudo certificar si fueron eliminados en bloque o en fechas distintas, pero lo encontró "sospechoso" y llamó a la Policía. Los agentes, que ya habían abierto otra causa por las "irregularidades" detectadas en las cuentas del centro, incluyeron esta circunstancia en la causa.
"Sospecho que se han llevado documentación"
Posteriormente, Acosta relató ante la magistrada Carmen Rodríguez-Medel que se mostró sorprendido porque había "encontrado muy poca documentación" y porque algunos papeles "salieron publicados en la prensa y no estaban en el instituto".
Toda esta serie de circunstancias le llevaron a decir las siguientes palabras: "Sospecho que se han llevado documentación". Y señala a Álvarez Conde, que mantiene su despacho como catedrático, al que no ha accedido ningún personal de la URJC y que está vinculado a la institución como catedrático, a pesar del cierre del instituto que dirigía: "No sé si hay documentación ahí. No sé si hay en su casa", señaló.
Además, Álvarez Conde había ordenado que toda la correspondencia del instituto se enviase directamente a su domicilio sin que hiciese paso por la universidad. Al revisar los extractos de las cuentas, detectaron que el director del instituto se había estado pagando a sí mismo sobresueldos de entre 10.000 y 20.000 euros anuales.
El dinero se habría movido a través de transferencias con destino a sus propias cuentas bancarias y a las de sus dos hijos, que no tienen ninguna relación con la universidad. Junto a estos pagos, se incluyen gastos personales como comidas en restaurantes o compras en supermercados.
Por estos hechos, la URJC ha denunciado a Álvarez Conde por malversación. El caso se trasladó al juzgado que maneja el Caso Máster aunque, finalmente Carmen Rodríguez Medel decidió inhibirse para evitar aumentar la "complejidad" del caso y porque no encuentra conexión con los delitos que ya está investigando.
