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El novio de Ayuso invirtió en el negocio de la vivienda turística tras el presunto fraude fiscal

Alberto González Amador estableció además una empresa de alojamientos turísticos con dos locales en Usera.

El novio de Ayuso invirtió en el negocio de la vivienda turística tras el presunto fraude fiscal

La pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, habría adquirido un lujoso apartamento en Madrid después de enfrentar acusaciones de fraude fiscal, según informa El Diario. Además de esta propiedad, González Amador también habría incursionado en el negocio de alquiler de viviendas turísticas. Según la investigación, tras ser imputado por presuntos delitos fiscales, el empresario realizó diversas inversiones.

El apartamento principal, donde reside con la presidenta madrileña, está ubicado en Chamberí y tiene un valor aproximado de 1,2 millones de euros. Fue comprado en 2022 y se estima que una parte considerable del costo se financió a través de una hipoteca de 500.000 euros.

Además, según información previa de El Diario, se ha sugerido que Ayuso y su pareja también poseen otro apartamento en el mismo edificio, registrado a nombre de un abogado asociado con González Amador.

Por otro lado, se revela que en 2022 González Amador estableció una empresa de alquiler turístico, October Twelve Accommodation SL, junto con un socio, con una participación del 40% cada uno. Esta empresa, que comenzó con un capital de 210.000 euros, es propietaria de dos locales comerciales en el barrio madrileño de Usera, los cuales fueron adquiridos sin hipoteca un mes después de la creación de la empresa.

Una sociedad y un Porsche Panamera

Además de las inversiones mencionadas, se suma la creación de una sociedad en Florida en 2022, con el mismo socio y una actividad empresarial no especificada. También se destaca la adquisición de un vehículo de lujo en 2021, un Porsche Panamera Turbo valuado en casi 35.000 euros, que fue incorporado a los activos de su empresa.

Esto ocurrió después de que González Amador recibiera importantes comisiones por actuar como intermediario en la venta de material sanitario entre empresas durante la pandemia. Estas comisiones llegarían hasta los 2 millones de euros.

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