Las dos principales potencias de América Latina, Brasil y Argentina, han optado por caminos completamente diferenciados en sus últimos comicios, precisamente caracterizados por drásticos cambios de poder.
Brasil ha dejado caer al presidente ultraderechista Jair Bolsonaro y, en sus últimos comicios, ha optado por la vuelta de su ex presidente, el socialista Lula da Silva (PT). Mientras tanto, en Argentina, la caída del peronista Alberto Fernández ha provocado la llegada de Javier Milei, que recibió precisamente la visita de Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente brasileño, durante su victoria.
Los caminos de ambas potencias en estos momentos son contrapuestos y se aprecia en materias tan divergentes como el papel del Estado en la economía, la lucha contra el cambio climático o las libertades civiles.
Plan de reconstrucción en Brasil y Plan Motosierra en Argentina
El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó el pasado mes de octubre las previsiones de Brasil al alza, hasta fijar un crecimiento del 3,1%, "mayor de lo esperado", donde se destacaba la buena marcha del sector agrícola o los servicios, así como el consumo que "se ha mantenido fuerte, respaldado por los estímulos fiscales". El desempleo se sitúa en el 8,3%.
Por el momento, Javier Milei todavía no ha contado con tiempo para aplicar su 'plan motosierra', en el que espera fuertes recortes en el sistema argentino y ha encontrado oposición social. El mandatario ha aprobado la 'ley ómnibus' con 664 artículos que incluye un fuerte endurecimiento de las sanciones contra las protestas sociales. "Si me dan 20 años, podemos ser como Alemania y si me dan 35, como Estados Unidos", ha prometido el mandatario argentino.
El "plan de reconstrucción" que Lula da Silva planteó para Brasil durante su llegada proponía un refuerzo en el papel del Estado y un aumento de impuesto para las rentas más altas.
Las políticas del presidente brasileño se situaban en incrementar el salario mínimo por encima de la inflación y extender los planes de protección social a nuevas formas de empleo, como repartidores de aplicaciones.
En materia de impuestos, Lula defendía la eliminación del techo de gasto junto a un sistema fiscal más progresivo y menos basado en los impuestos al consumo. Se exenta del impuesto sobre la renta a las personas que ganan menos de cinco salarios mínimos y se apuesta por una mayor lucha contra la evasión fiscal.
Milei, por su parte, apuesta por un fuerte recorte de los planes de protección social e impuestos, cambiar el sistema argentino hacia una economía puramente liberal en la que la presencia del Estado se reduzca, precisamente, priorizando la disciplina y el déficit.
El mandatario también apuesta por la privatización de empresas públicas y la eliminación de inversiones en infraestructuras. También, por la máxima desregulación en la economía.
En materia de Medio Ambiente, en Brasil, además, se potencia el cumplimiento de las políticas de reducción de emisiones contaminantes en el Acuerdo de París y un combate a la deforestación.
En el caso de Argentina, el Ejecutivo de Milei ha anunciado la derogación de la ley de tierras, que abre la posibilidad a grandes empresas extranjeras exploten terrenos naturales y puedan desplazar a las economías locales o comunidades. También se derogan las leyes mineras, que desregulan el sector y tampoco se impulsan medidas en materia de energía renovable contra la crisis climática. También se modifica la ley de fuego, que cambia el uso del suelo y permitirá la destrucción de bosques y humedales con mayor facilidad. Por último, se deroga la ley de góndolas, que prioriza las exportaciones sobre el consumo interno, negando la soberanía alimentaria.
En materia de derechos civiles , el Ejecutivo brasileño se compromete a una defensa de las minorías del país, en especial los feminicidios, los crímenes contra jóvenes negros y las personas LGTBI. También se inicia una firme lucha contra las drogas, sustituyendo el modelo criminal por otro basado en información de inteligencia que desmantele las bandas criminales.
En el caso del nuevo gobierno argentino, destaca el caso de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que se ha opuesto abiertamente al matrimonio igualitario, que considera que ya se garantiza "con las uniones civiles" y que en Argentina es legal desde 2010, hace más de 13 años. También ha defendido la derogación de la ley del aborto, aprobada desde 2020 o ha sido criticada por negar el terrorismo de Estado durante la dictadura de Videla.
