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Economía

El Gobierno desatiende la dependencia e ingresa 6.400 millones en ocho años

La Administración central lleva cuatro años ganando más de 2.000 millones en impuestos y cotizaciones por la (des)atención de dependientes.

El Sistema de Atención a la Dependencia (SAD) sigue castigado por la infradotación del Gobierno central, que año tras año no solo ahorra, sino que gana una importante suma de dinero, e incluso obliga a las comunidades autónomas a destinar más fondos de los que le corresponden. Así consigue proporcionar a las arcas de la Administración central unos ingresos millonarios que siguen creciendo por la vía de los llamados "retornos". Esto se materializa en la recaudación del IRPF, el IVA, el Impuesto de Sociedades y las cotizaciones sociales que genera este dispositivo, y crea 38 empleos por cada millón de inversión. 

La asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales elabora un Dictamen del Observatorio de la Dependencia donde figuran estos datos referentes al ejercicio de 2018. Según Público, aquí se puede comprobar como las ganancias del Estado ascienden a 5.336 millones de euros en una década. Si se atiende solamente al periodo iniciado en 2011, la cifra es de 6.400 millones. Los beneficios netos llevan tres años por encima de los mil millones de euros y quedarían enjugados si la Administración central llegara al 50% de la aportación. 

Los fondos se empezaron a recortar especialmente desde el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011. Entonces se restaron 235 millones en un año, mientras la factura de las comunidades aumentaba en más de 900, y la de los usuarios en casi 200.

El negocio del Estado con la dependencia - Público "El negocio del Estado con la dependencia - Público"

La demolición del SAD

Este ejercicio fue el primero en el que estos ajustes generaron beneficios netos para la Administración central. Los siete años siguientes, con los ejecutivos de Mariano Rajoy, se disparó el gasto de las autonomías en más de 1.300 millones y el de las familias de los afectados en casi 700, y, por el contrario, la aportación estatal caía en más de 200. 

En los Presupuestos Generales del Estado el proyecto de este año contemplaba una mejora de la participación estatal. Sobre el papel, se calculaba que iba a crecer  hasta los 2.232 millones de euros. Sin embargo, el apoyo del centro derecha y los partidos catalanes a las enmiendas, convirtieron ese proyecto en papel mojado.

Según el informe citado, se cuantifica en "5.406 millones de euros el recorte acumulado de la Administración central en dependencia". Esto ocurrió tras la reforma de 2012, en la que se incluyó "la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares". Paralelamente, la disminución de la financiación a las comunidades, desde 2012 a 2018,  "acumula 3.154 millones de quebranto para las arcas autonómicas"

Estos recortes suponen una "fase de parálisis y retroceso generalizado del sistema entre junio de 2012 y junio de 2015". En el informe se refieren a este periodo como la "fase de domilición del SAD". A partir de 2015, con la nueva legislatura económica, se produjo "una recuperación que parece consolidarse en 2018", aunque "a costa de las comunidades autónomas y de los copagos familiares". 

Así se financia la dependencia - Público "Así se financia la dependencia - Público"

La Administración abandona a los dependientes

José Manuel Ramírez, el presidente de la asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, denuncia que la "Administración general del Estado abandonó a los dependientes y estranguló financiaramente el sistema de atención a la dependencia con los inmisericordes recortes de 2012".

Diariamente fallecen más de 80 personas dependientes

Tras una reducción de 60.000 personas en lista de espera, el Sistema de Dependencia atiende a 1.304.312 pacientes mientras 128.568 están todavía pendientes de valoración. Sin embargo, señala el informe, "el 19,2% de las personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio (...) aun cuando tiene pleno derecho", lo que "afecta a 250.000 personas y a sus familias".

El dictamen, por otra parte, también calcula la existencia de 98.236 dependientes desatendidos con grados III o II y el fallecimiento, solo el año pasado, de 30.400 "sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia". Y sentencia que "diariamente fallecen más de 80 personas dependientes sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios" .

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