El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes una moratoria en los despidos durante el tiempo que dure la crisis del coronavirus. La medida, propuesta desde el Ministerio de Trabajo, sigue el ejemplo de Italia y las reivindicaciones de los sindicatos, se aprueba cuando las suspensiones de empleo afectan ya alrededor de un millón de trabajadores.
Las intenciones del Ejecutivo pasan por canalizar todas las restricciones económicas a través de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y no a través de los despidos. Con ello, se garantiza una bolsa de empleo que duraría entre tres y seis meses después del final de la crisis y permitiría escalonar las medidas de recuperación económica.
Con todo, el decreto prohíbe expresamente los despidos que se justifiquen bajo circunstancias de "fuerza mayor, técnicas, económicas, organizativas y de producción", siempre asociadas al Covid-19. Además, los contratos temporales que se extingan en los próximos días se prorrogarán de forma automática hasta el final de la actual crisis.
Las medidas, sin embargo, no tendrán carácter retroactivo. Por ello, los despidos que ya se han realizado no se anularán a pesar de que se hayan asentado en la actual crisis del coronavirus.
"Nadie puede aprovecharse de esta crisis sanitaria, no puede usarse el Covid-19 como excusa", ha asegurado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante el anuncio de esta medida. Díaz asegura que habrá un fuerte control para evitar fraudes y que habrá penalizaciones para quienes incumplan esta medida. "No se puede despedir sencillamente porque hemos arbitrado un mecanismo adicional, con muchísimos recursos públicos, para acudir a los ERTEs", ha asegurado.
Controles
Esos controles a los que se refiere Yolanda Díaz se canalizarán a través de la magistratura. Cada despido amparado en el Covid-19 deberá pasar el filtro de un juez que se reserva la capacidad de declararlo como nulo y, por tanto, con la obligación de ser readmitido junto al pago de una indemnización. También se podrá considerar que el despido es improcedente, por lo que se recibirá una indemnización de 33 días por años trabajado. El Gobierno ha prometido que impondrá la mano dura contra la picaresca de algunas empresas.
Con esta medida, el Gobierno quiere frenar la gran oleada de despidos que se está registrando en los últimos días, alrededor de un millón de personas que se han visto afectadas como consecuencia de las restricciones.
El Ejecutivo tiene la intención de que la causa mayor se canalice a través de la figura del ERTE, lo que implica la reincorporación inmediata en cuanto la situación vuelva a la normalidad y la imposibilidad de un despido en un plazo situado entre tres y seis mese según el tipo de contrato.
Beneficios para los trabajadores en paro
El Gobierno también ha aprobado la medida del denominado como 'contador en cero' para los nuevos trabajadores que se encuentran en el paro. Al igual que ya se aprobó con los ERTE, los empleados que actualmente estén cobrando la prestación no estarán consumiendo el tiempo de prestación al que tendrían derecho. Ese tiempo únicamente se empezará a restar cuando el trabajador continúe desempleado tras la desactivación del estado de alarma.
Las empresas, además, serán quienes deberán encargarse de todos los trámites con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para que sus trabajadores cobren su prestación, desde comunicar el despido temporal, hasta proporcionar todos los datos del trabajador incluido su número de cuenta para que reciba la prestación. El trabajador no deberá hacer nada. El objetivo es garantizar que puedan cobrar sus prestaciones en cuanto sea posible.
