Isabel Díaz Ayuso coloca a un exalcalde vinculado a Púnica con un sueldo de 57.000 euros

Isabel Díaz Ayuso coloca a un exalcalde vinculado a Púnica con un sueldo de 57.000 euros

Las irregularidades fiscales del Partido Popular vuelven a salpicar la elección del nuevo asesor de la Consejería madrileña de Vivienda.

Eran pocos y parió la abuela. El Partido Popular vuelve a cubrirse de gloria tras contar con una figura que está siendo investigada por la trama Púnica. Bartolomé González ha aceptado el cargo de asesor en la Consejería de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, bajo las órdenes de David López, ex alcalde de la localidad de Alcorcón y número dos del PP en la lista encabezada por Díaz Ayuso en las elecciones a la Asamblea.

González cuenta con un currículum como Presidente de la Federación de Municipios de Madrid, además de haber ejercido como alcalde de Alcalá de Henares entre 1995 y 1999 y entre 2003 y 2012. Gracias a su nuevo puesto, obtendrá 57.000 euros al año, según avanza la Cadena SER.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Poco ha tardado en salir su pasado como vinculado en Púnica, pues actualmente es uno de los cinco exalcaldes que se encuentran en el punto de mira de la Audiencia Nacional por el presunto reparto de un millón de euros procedentes de contratos irregulares de eficiencia energética.

El auto del juez Manuel García Castellón lo explica detalladamente y señala las irregularidades que se comentieron en varios Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid con los contratos a Cofely. A través de Ruta Energética y Consultoría Lumínica, reembolsaron de forma ilícita el dinero que había salido de los mismos responsables políticos que habían efectuado los pagos.

González estará bajo las órdenes de David Pérez, alcalde de Alcorcón entre 2011 y 2019 "González estará bajo las órdenes de David Pérez, alcalde de Alcorcón entre 2011 y 2019"

Dinero que volvía a sus deudores

"Incluían cláusulas que obligaban a la compañía a abonar partidas sospechosas a terceras empresas", recoge el fallo del juez, explicando que el abono de esas cantidades eran simplemente resultado de "los trabajos que había necesitado el departamento de back office para poder llegar a ganar esa adjudicación". De esta manera, García Castellón ha determinado que se trataban de "conceptos ficticios" con el objetivo de desviar los fondos y que cada uno de esos ayuntamientos se los adjudicaran inapropiadamente. 

El documento judicial también da los nombres de aquellos imputados en la cuestión, la mayoría militantes de las filas populares, entre ellos González. De esta forma, Carlos Alberto Estrada, exalcalde de Moraleja de Enmedio iba a obtener 30.000 euros, el exregidor de Serranillos del Valle por aquel entonces, Antonio Sánchez (UDMA) se haría con 25.000; Agustín Juárez, que ostentaba el cargo de alcalde en Collado Villalba fue uno de los que mas deduciría, despu´es de intentardesviar 400.000 euros; José María Fraile (PSOE), con 500.000, y el Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz) también pudo verse implicado en la trama tras querer repartirse 180.000 euros. El alcalaíno hizo lo propio y estaba dispuesto a recolectar 60.000 euros procedente de las facturas falsas. 

Waiter Music inculpó a Pérez

El número dos de Ayuso en las elecciones a la Asamblea y consejero de Vivienda, David Pérez, también fue señalado como posible implicado en Púnica, desde que el diario El Plural revelara en octubre la forma en la que se ponía a punto el programa de las fiestas locales de Alcorcón y la contratación de artistas que formarían parte de ellas. Las grabaciones de voz desveladas por el exgerente de Waiter Music, José Luis Huerta, pusieron el ejercicio del ex alcalde de la localidad en el punto de mira.  Esta empresa ya era una habitual del PP a la hora de organizar y levantar este tipo de celebraciones y festejos.

Huerta alegó ante García Castellón que recibía "información privilegiada" de la alcaldía alcorconera para ganar los concursos públicos y así organizar los diferentes eventos musicales de las patronales del municipio. A pesar de que Waiter Music había sido señalada anteriormente por irregularidades de este tipo durante el mandato del popular desde el año 2011, su gabinete de comunicación decidió enviar un comunicado para desmentir "la existencia de cualquier irregularidad" en la contratación de los cantantes y artistas, asegurando mantenerse siempre dentro del marco de la legalidad, considerando "el criterio de los informes técnicos preceptivos". 

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