El Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido recurrir la decisión del Parlamento balear de prohibir la muerte y maltrato del toro en el coso taurino, tal y como informa Europa Press. La intención del Ejecutivo es determinante, y ya ha sido comunicada al gobierno autonómico dirigido por la socialista Francina Armengol.
El argumento del Gobierno a este respecto es claro: la norma autonómica vulnera la Constitución al ir en contra de las competencias de la Administración General del Estado. Una decisión que se amparó en la ley catalana que prohibió directamente los toros, aunque dicha suspensión no ha sido efectiva.
Según el Secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, la ley balear no se puede poner en funcionamiento, ya que el Constitucional ha confirmado que la tauromaquia es un asunto propio del Gobierno nacional.
Además, el Parlamento acordó hace cuatro años (cuando el PP mantenía la mayoría absoluta) que la tauromaquia era patrimonio cultural de todos los españoles, y preveía que no se puede modificar de ninguna manera el carácter tradicional de esta fiesta.
La ley balear
Con la aprobación de esta normativa, y si nada cambia, a partir de ahora se prohibirán en el coso taurino todo tipo de "banderillas, rejones, puyas, estoques o espadas", y tan sólo se permitirá que los toreros accedan a la arena con el capote y la muleta.
La ley prohíbe de forma expresa la muerte del animal en la plaza o el daño físico o psíquico. Aquellos que incumplan esta medida se enfrentan a sanciones. Además, para garantizar que el animal no ha sufrido durante la corrida, cada plaza deberá de contar con un equipo veterinario que se encargue de certificar su situación.
Por último se prohibirá la entrada de caballos en los espectáculos, así como la venta de alcohol dentro de las ferias. Los animales serán sometidos a controles antidopaje para garantizar que sus condiciones son excelentes en todo momento.
