La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, podría verse imputada por la financiación irregular del PP madrileño si prospera la iniciativa de la Guardia Civil.
Según señala la UCO, Cifuentes participó en adjudicaciones a Arturo Fernández al tiempo que éste financiaba a Fundescam, una empresa pública de la Comunidad de Madrid que se empleó para, supuestamente, desviar fondos públicos para las campañas electorales del entonces partido en el Gobierno.
Llama la atención de la Guardia Civil que Arturo Fernández pudiese haber donado dinero a Fundescam que posteriormente fuera empleado para financiar las campañas electorales del PP, mientras que estaba obteniendo contratos de suministro y servicio a la Cámara Regional. Hay que tener en cuenta que Cifuentes era por aquel entonces vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y patrona de Fundescam, por lo que su relación con las dos instituciones implicadas ha llevado a que la Guardia Civil tome esta iniciativa.
Al parecer, la UCO la ha señalado por los presuntos delitos de prevaricación continuada y cohecho, y ha señalado que debería de ser investigada en el marco de la trama Púnica.
La Guardia Civil apunta hacia ella directamente en el informe, y ha reunido todos los "elementos probatorios" posibles para afirmar que en la adjudicación de los contratos para Arturo Fernández "habrían participado los cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronado de la Fundación Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas, como es el caso de María Cristina Cifuentes Cuenca".
De esta forma se sumaría a la larga lista de miembros del PP de Madrid involucrados en alguna de las tramas de corrupción que operaron en la Comunidad, como Púnica, Lezo y Gürtel. Precisamente, la Delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, está imputada por firmar unos presuntos contratos irregulares en Mercamadrid cuando formaba parte del gobierno municipal en la época de Ana Botella.
Puede precipitar la caída del Gobierno
Esta decisión llega antes de la moción de censura que presentará Podemos en el parlamento regional y que propondrá a su portavoz, Lorena Ruíz Huerta, como próxima presidenta regional. Ella ya ha afirmado que se ve en el cargo de cara al año 2018.
Sin embargo, no parece que vaya a contar con el apoyo de Ciudadanos, vital para que su propuesta saliese adelante. También habría que valorar la postura del PSOE, que apoyaría a una candidata de un partido con menor representación que el suyo. En una hipotética imputación de Cifuentes, la presidenta se vería obligada a dimitir atendiendo al pacto de investidura que firmó con la formación de Albert Rivera. Sería un duro mazazo para un PP madrileño que no cuenta ahora con otra figura relevante con la que suplir la caída de la presidenta regional.
