El Ministerio de Sanidad se comprometió a principios de 2017 a destinar 200 millones de euros a financiar los tratamientos contra la Hepatitis C. A pesar del anuncio público, la cartera dirigida por Dolors Monserrat no ha incorporado la partida después de haberla anunciado a bombo y platillo.
Así lo ha denunciado la Plataforma de Afectados por Hepatitis C, que ha iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org con el fin de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy cumpla con los compromisos que adquirió al inicio de este año.
La petición, que cuenta con más de 34.000 firmas, recuerda que si el Ministerio destinase el dinero que se comprometió a gastar, conseguirían erradicar la Hepatitis C antes del año 2022.
El problema en todo ello es que los antivirales cuentan con una tasa de curación cercana al 95%, muy superior a la de los tratamientos anteriores. Sin embargo, el Gobierno tan solo se los está proporcionando a los pacientes que cuentan con una situación más complicada: aquellos que se encuentran ya en las fases F2, F3 y F4.
La mayoría de los que están menos graves no cuentan aún con acceso a estos tratamientos. El coste de las pastillas es inasumible para muchas familias y, en este caso, puede ayudar a ahorrar dinero: si se cura en las fases más tempranas se pueden evitar situaciones tan poco deseadas como la necesidad de ingreso hospitalario o la realización de un trasplante hepático. Aún hay mucha gente que muere por esta enfermedad a pesar de que tiene una cura muy evidente.
Por ello, los afectados afirman que el coste de los medicamentos es "económicamente rentable", porque evita mayores costes en el futuro y permite erradicar completamente el virus.
Desigualdad entre comunidades
Mientras que el Gobierno no quiere incorporar el dinero de los tratamientos comprometidos, las Comunidad Autónomas son las que están destinando distintas partidas presupuestarias para esta causa.
El problema radica en que no todas contemplan de la misma forma el pago o la incorporación de los antivirales, de tal forma que los pacientes de algunos territorios reciben todo el tratamiento que necesitan y los de otros no cuentan con ninguna posibilidad de acceder al medicamento que necesitan.
Todo ello está generando una grave desigualdad entre los enfermos de hepatitis que, finalmente, puede ocasionar muertes o complicaciones que se podrían haber evitado destinando los mecionados 200 millones.
Por ello, los pacientes han llamado también a los partidos de la oposición para que presenten enmiendas al presupuesto de Sanidad y consigan revertir esta situación. Quieren que los medicamentos se financien de la misma forma en todo el país para que la enfermedad termine erradicada en 2022.
Batalla legal
Dada esta situacióm, los pacientes ya se están movilizando para iniciar una batalla legal en contra de este tipo de medidas. La Asociación de afectados por la Hepatitis C ya ha anunciado que demandará a la Junta de Castilla y León por lesiones y omisión del deber al socorro por no tratar efectivamente a todos los enfermos.
La denuncia se presentó entonces contra el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado y contra el gerente regional de Salud de Castilla y León, Rafael López Iglesias, así como contra otras figuras directivas de su departamento que pueden ser responsables penalmente.
