La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha presentado un proyecto de ley contra delitos de odio para su región, que ha recibido las calificaciones de "extensión de la ley mordaza" y "aberración jurídica" por parte de la oposición y expertos juristas en la materia.
"Es una norma que tiene un carácter integral para corregir conductas que pueden promover el odio (...) El objetivo es dar respuesta a cualquier forma de intolerancia y prestar una especial atención a acciones que se hacen a través de la red", explicaba Cristina Cifuentes, según recoge El diario.
Según este texto, cualquier conducta relacionada con la incitación al odio, la intolerancia o la discriminación será sancionada con cifras de hasta 45.000 euros.
La oposición en contra
La diputada regional por el PSOE, Mónica Silvano, ha comunicado que no votarán en favor de la propuesta de Cifuentes, ya que su grupo había presentado con anterioridad una propuesta. "Nosotros vamos a defender nuestro texto", argumentaba la diputada, que además añadía que su proposición "va más en la sensibilización y en la ecuación, no solo en sancionar".
Por su parte, el diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, Emilio Delgado, ha apoyado la postura del partido socialista, esgrimiendo la misma razón que Silvano: "El Gobierno de Cifuentes ha querido anticiparse a la propuesta de ley del PSOE sobre delitos de odio en la que ya estábamos trabando todos los grupos".
Además, la formación morada ha ido más allá que los socialistas en la valoración del texto, afirmando que la popuesta de Cifuentes es "una extensión de la Ley Mordaza, más dura si cabe, que pretende sancionar por la vía administrativa y no por la judicial, como debe ser en estos casos".
Expertos jurídicos califican la norma de inconstitucionalidad
En esta línea también se ha expresado la Plataforma de Defensa de la Libertad de Información (PDLI): "Es una auténtica aberración jurídica, afecta al derecho fundamental a la libertad de expresión y no puede regularse por una norma administrativa". Desde la Plataforma han querido explicar que una ley relacionada con los derechos fundamentales tan solo puede elaborarse desde el Congreso, y que tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional se han manifestado en la misma línea.
Según la abogada Isabel Elbal, la intención de esta ley es "adentrarse en las redes sociales para poder reprimir y censurar aquellas opiniones que sean contrarias al pensamiento dominante". Para la experta, los ciudadanos terminarán sumidos en una cultura del miedo, ante la amenzada de ser vigilados en la red, por lo que termianrán sumidos en una autocensura.
Carlos Sánchez Almeida, especialista en defensa de los derechos civiles en Internet, coincide con su colega, afirmado que la ley "busca la autocensura, no solo las sanciones, es un mensaje a toda la ciudadanía, que sepan que están vigilando".
La abogacía General de la Comunidad de Madrid ha elaborado un informe desfavorable en cuanto a la norma, en tanto en cuanto esta se estaría entrometiendo en competencias estatales. "El artículo 30.3 estaría viciado de inconstitucionalidad", ya que "expone que la Comunidad de Madrid se personará en los procedimientos penales de incitación de odio en calidad de parte perjudicada civilmente". La abogacía defiende que este tipo de competencias pertenecen "en exclusiva al Ministerio Fiscal" y la consideración de la Comunidad de Madrid como parte injuriada puede "mermar el derecho de defensa del acusado" por existir "duplicidad" de funciones.
